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Día de la Acción Global por el Aborto y cómo el debate constituyente amenaza los derechos sexuales y reproductivos
28 Septiembre, 2023
Notas
Imagen referencial que muestra mujeres con banderas por el derecho a deciri en la Plaza de la Dignidad en Chile.

La reciente aprobación en el Consejo Constitucional del artículo que establece la protección de la vida de “quien está por nacer”, ha marcado el debate para este nuevo Día de la Acción Global por el Aborto Legal. De aprobarse esta propuesta de nueva Constitución, se pondría en riesgo el derecho al aborto en tres causales logrado en 2017 con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Conversamos con diversas organizaciones feministas sobre este tema y sobre las implicancias que tendría para la vida de las mujeres y personas gestantes.

En las últimas semanas se ha vuelto a instalar en la agenda pública la discusión sobre el aborto legal, a propósito del proceso de discusión de una nueva Constitución. Se trata de la enmienda realizada al artículo 16 inciso 1, que declara que “La ley protege la vida de quien está por nacer”, atribuyendo el carácter de persona a quienes aún no han nacido, a diferencia del texto actual que señala que la ley protege la vida “del que está por nacer”. La redacción del texto -liderada por el partido ultraconservador Republicanos y otros partidos de derecha- han construido un escenario en el cual, de aprobarse la nueva Constitución, tendrían que ser derogadas normas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además del hecho de que Chile tendría una Carta Magna aún más conservadora que la actual, creada en 1980 en plena dictadura.

La Ley IVE otorga derecho a abortar bajo tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación. Está en vigencia desde el año 2017 y hasta la fecha ha permitido abortar a 3.609 personas, según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud.

Diversas organizaciones que trabajan por el derecho a decidir han manifestado rechazo y preocupación ante las implicancias que este articulado podría traer para todas las personas, especialmente las mujeres y personas gestantes.

“El cambio propuesto por el Consejo, ha querido ser consignado como algo sin importancia tratándose del lenguaje, pero en la práctica, cambiar el qué por el quien, revive el debate que ya había sido zanjado con relación a desde cuando se asume la condición de persona. Esto entrampó diversas conversaciones en el pasado, generando dificultades para, por ejemplo, permitir la distribución de la pastilla del día después PAE, y también por supuesto para la aprobación de la Ley de Interrupción de embarazo en tres causales”, explica Débora Solís, Directora Ejecutiva de APROFA, organización que lleva más de 50 años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos y parte de la Mesa de Acción por el Aborto.

Desde la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), explicaron que el contexto actual se ve complejo, no sólo por el cambio de redacción que podría implicar el reconocimiento de persona del nonato, sino también “por la lectura armónica de esta disposición con aquella que reconoce la objeción de consciencia institucional y la que señala que solo la ley podrá regular materia de Derechos Humanos”. Asimismo, enfatizaron que estos artículos y los discursos que representan, demuestran que hoy existe una intención política de limitar los derechos de las niñas, mujeres y personas gestantes.

Por su parte, lxs activistas de la Fundación Más Salud a la Calle – que trabaja desde la salud comunitaria en la Región Metropolitana- señalaron que “esta propuesta de artículo tendría un alto impacto en la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, comprendiendo la necesidad de atención que esto requiere, transformándose en situaciones de riesgo para la salud de las personas. Según datos de Amnistía Internacional en promedio 25 millones de abortos inseguros se realizan cada año en el mundo, lo cual genera impacto en la población requirente de este procedimiento, y por consecuencia a nivel social”.

Una visión territorial

Las organizaciones de mujeres, feministas y lesbofeministas han sido fundamentales para democratizar el acceso a la información sobre la aplicación de la Ley IVE y el derecho a abortar. A través de la educación y de acciones comunicacionales han logrado situar este acceso en distintos contextos y miradas, pero todas atravesadas por una visión de la autodeterminación de los cuerpos y buscando la  despenalización social del aborto.  

La Colectiva Las Fieras de Ancud, nos entregaron una mirada que permite comprender la situación desde la dimensión territorial. Por ejemplo, en el contexto de Chiloé, que es donde ellas trabajan, las condiciones geográficas y el acceso a la información, son elementos, que muchas veces configuran un escenario complejo para quienes requieren atenciones en relación a posibles abortos.

“Cuando ya te adentras en el archipiélago, el tema de la conectividad y el acceso a información y que además esta sea pertinente, basada en evidencia, es aún más difícil. También está el tema moral, que es muy potente porque muchas mujeres abortan y después es como un borrón: de eso no se habla más, queda así, pero como en una tumba”, señalan desde la Colectiva.

Todas las organizaciones consultadas concuerdan en que la educación y la comunicación de estos temas, son muy necesarios, recordando también la relevancia de la articulación entre organizaciones y activistas.

En ese sentido, Débora Solís apunta: “Si nos remontamos a la larga discusión que se desarrolló para lograr la aprobación de la Ley IVE, la presión y vigilancia que ejercieron las organizaciones de la sociedad civil, fue clave para lograr el avance, ya que son estas las que reciben el pulso ciudadano y las demandas de las personas que requieren que la política pública se haga cargo de sus problemáticas sobre todo cuando estas son parte de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”.   

A juicio de las organizaciones consultadas para este artículo, los desafíos que se presentan en este escenario son poder ir más allá de los discursos que criminalizan el aborto, defender los derechos sexuales y reproductivos, educando y haciendo llegar la información a los diversos territorios del país.

En ese último punto cobran vital importancia las acciones realizadas por las organizaciones sociales de mujeres y disidencias sexogénericas, quienes están trabajando día a día en sus lugares para poder instalar estos temas.